Artículo del SUR del 23 de Agosto. Quedan pocos días para presentar alternativa.

Diario Sur. Edición impresa. 23.8.2014 Francisco Jiménez Después de un largo y complejo culebrón que se ha alargado durante cinco años, el futuro de Aifos se juega en las próximas semanas. Y con él, el de los cerca de cinco mil afectados (compradores de viviendas sin entregar, trabajadores, proveedores, bancos e incluso Hacienda y la Seguridad Social) a los que este grupo inmobiliario, que llegó a convertirse en la primera promotora de la provincia con más de 80 urbanización en todo el Mediterráneo, dejó en la cuneta cuando el 22 de julio de 2009 se declaró en concurso voluntario de acreedores. De tener delegaciones internacionales en Londres, Munich o Dublín a protagonizar la mayor suspensión de pagos de Andalucía dejando una deuda de 901 millones de euros, a todas luces insalvable con sus activos, valorados en 781 millones. Hasta el próximo 4 de septiembre tienen de plazo los acreedores para presentar al juzgado una propuesta de convenio que permita salvar la sociedad. Los dueños de la promotora ya lo hicieron en mayo, pero de momento siguen sin reunir las adhesiones necesarias para que la entidad salga del concurso (se requiere el 50% del capital). En reunir al menos el 20% para poder presentar una alternativa antes del día 4 al Juzgado de lo Mercantil número 1 también están trabajando representantes legales de compradores de viviendas que lidera el bufete Ley 57. Si ninguna de las dos vías prospera hasta la junta de acreedores convocada para el 31 de octubre, Aifos entrará en liquidación siguiendo los pasos que hace poco más de un mes dio Evemarina, el otro gran protagonista del ‘boom’ del ladrillo en la Costa del Sol al que la burbuja inmobiliaria ha acabado estallándole en las manos. Propuesta de los dueños De momento, la única opción de convenio es la planteada por los responsables de Aifos, aunque los administradores concursales, que mantienen una guerra abierta con el dueño Jesús Ruiz Casado, ya han puesto en duda su viabilidad ya que buena parte del plan de negocio se supedita a ingresos que actualmente están sujetos a procesos judiciales cuya uya resolución es incierta. En esa hoja de ruta para evitar la quiebra, la promotora pone a sus acreedores ores en la tesitura de elegir ente recuperar parte de su dinero o esperar al reparto del montante que se obtuviera por la venta de todos los bienes si la empresa fuera liquida, con la certeza añadida de tener por delante a las entidades financieras (que acumulan dos tercios del débito), Hacienda y la Seguridad Social. La propuesta para las familias que adquirieron una vivienda que nunca se entregó, las empresas proveedoras y demás acreedores incluidos como créditos ordinarios (209 millones de euros) pasa por devolverles sólo la mitad de su dinero, que además empezarían a cobrar dentro de nueve años. A los organismos públicos se les plantea empezar a reintegrar todo el montante (unos 50 millones) dentro de cinco años, hasta 2022, mientras que a los bancos, a los que adeuda unos 600 millones, les ofrece la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales para desarrollar las promociones proyectadas que quedaron en el alero y así seguir abonando los préstamos concedidos. Por ahora, sigue sin llegar a ese 50%, aunque confían en arañar apoyos en el Sareb, más conocido como ‘banco malo’ y que ha heredado parte de los préstamos que entidades financieras concedieron a la constructora (33,8 millones). Conversión en acciones Frente a esta vía, la que pretende abrir un grupo de pequeños acreedores, mayoritariamente compradores de pisos, consistente en transformar en capital parte del dinero adeudado convirtiéndolo en acciones, o bien hacer una quita del 20%, cobrar otro 20 y convertir el resto en un préstamo participativo ligado a la marcha de la empresa. El problema está en que el tiempo apremia para alcanzar ese 20% de adhesiones que la Ley Concursal exige para poder presentartar uuna propuesta de convenio y, a partir de ahí, ir sumando apoyos hastata eel 50% que se requiere para que -salga adelante en la junta de acres dores del 31 de octubre. «Tenemos adhesiones verbales, pero necesitamos que se formalicen en los próximos días para poder presentar esta alternativa, que es la única seria que evita las cuantiosas pérdidas previsibles para particulares, empresas e instituciones», afirma el responsable de Ley 57 Abogados, Carlos Cómitre, quien remarca que para impulsar esta propuesta «es vital el apoyo de la banca». En este sentido, el letrado es contundente: «La pelota está en manos de los bancos, que pese a decenas de ejecuciones hipotecarias aún tienen comprometidos en Aifos unos 600 millones de euros que podrían perder total o parcialmente de aprobarse el convenio que pretende la empresa o si la compañía va finalmente a liquidación. Tienen que decidir si afrontan pérdidas millonarias o si se unen a los acreedores minoritarios en la gestión de una nueva Aifos con una nueva composición accionarial y un nuevo gobierno».