23 días para que los acreedores puedan presentar un convenio

Málaga Hoy 13 de agosto de 2014 Los acreedores de Aifos tienen hasta el 4 de septiembre para presentar un convenio dirigido a salvar la sociedad. Este plazo también puede ser aprovechado por los dueños de la promotora para proponer otro acuerdo, en caso de que no logren apoyo suficiente para el convenio que propusieron a finales de mayo. Si en el plazo establecido no se admite a trámite ninguna propuesta se abordará la liquidación de la compañía a partir del 12 de septiembre, según el edicto anunciado el pasado 29 de julio por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. El edicto establece que podrán presentar convenio aquellos acreedores que de forma conjunta o individual representen una quinta parte del pasivo total, próximo a los 1.000 millones de euros. El juzgado dio por cerrada la fase común del procedimiento concursal, que se declaró en 2009, y abrió la correspondiente al convenio a comienzos de junio. En el edicto del 29 de julio fija el calendario a seguir a partir de ahora. Los planes que acreedores o propietarios puedan formular antes del 4 de septiembre para salvar la promotora y abonar deudas se pondrán a disposición de los administradores judiciales el 13 de octubre, junto a los apoyos que recaben. El 30 de octubre concluirá el plazo para que se depositen todas las adhesiones existentes, de manera que el 31 de octubre se celebre la junta general de acreedores. Para que un convenio salga adelante -tanto si lo presenta el dueño de la empresa como si procede de los acreedores- es necesario que cuente con el voto de acreedores que representen al menos el 50% de los créditos ordinarios. Hasta la fecha únicamente Aifos ha presentado un plan para sacar adelante la empresa que a grandes rasgos pasa por una quita del 50% del importe de los 209 millones en créditos ordinarios. De la cantidad a pagar el 40% se abonaría dentro de nueve años y el 60% restante a los 10 años. Para los cerca de 50 millones en créditos con privilegio general (Hacienda y organismos públicos) plantea empezar a devolver en cinco años para acabar en 2022, mientras propone negociar y llegar a acuerdos con los acreedores que ostentan más de 500 millones de euros en créditos de privilegio especial (fundamentalmente bancos). Los administradores concursales han subrayado las zonas de sombra del plan de negocio en el que se apoya el dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado. Afirman que tiene en cuenta ingresos que están sujetos a procedimientos judiciales y negociaciones que si no tienen el resultado esperado no le permitirían alcanzar los objetivos. Agregan que el déficit de tesorería que padece Aifos en este momento pone en duda su capacidad para asumir costes asociados a acciones judiciales, cuestionan la viabilidad de las nuevas líneas de negocio (gestión de promociones de terceros) y, entre otras debilidades, hacen ver que Ruiz Casado baraja unos costes de funcionamiento que "no son coherentes" y tampoco tiene en cuenta el desembolso que le obligará a hacer el expediente de regulación de empleo de plantilla.