El Juzgado ha admitido a trámite la solicitud de concurso necesario de AIFOS.Cientos de familias ven en riesgo sus ahorros, y seguramente se preguntarán ¿Y ahora qué? Casi ninguno tendrá el aval que obliga la ley. Sirva este blog como fuente de información de este largo y tortuoso proceso, desde el punto de vista de quien lleva años defendiendo los intereses de decenas de perjudicados por el actuar de esta promotora, denunciando su actividad y sus métodos.
miércoles, 14 de agosto de 2013
Un acreedor denuncia que los dueños de Aifos descapitalizan el grupo para no pagar deudas
Sur. 14.8.13
El Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga investiga la denuncia presentada por un acreedor de Aifos, que ha reunido abundante documentación con la que acreditaría que sus propietarios, Jesús Ruiz Casado, y su esposa, Teresa Maldonado Taillefer, habrían realizado presuntamente entre 2008 y 2009 distintas operaciones con las que se habrían cedido inmuebles, adquirido participaciones de otras sociedades y vendido activos a otras mercantiles controladas por el grupo.
De esta manera, según la denuncia a la que ha tenido acceso SUR, Aifos se habría ido descapitalizando en previsión de su inevitable declaración de insolvencia. De hecho, existieron varias reclamaciones de acreedores solicitando que fuera declarada en concurso necesario, aunque fue el propio grupo el que finalmente solicitó el concurso voluntario, que fue declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 en julio de 2009.
Este último ya ha recibido comunicación de los hechos que se investigan en la vía penal a través de un escrito en el que el propio denunciante le pide al juez que dirige el concurso de acreedores que cese « de forma inmediata » a sus administradores. Y es que, según la denuncia, una sociedad de Aifos vendió sin autorización de los administradores concursales varios inmuebles a otra sociedad que no figuraba ni siquiera en el listado de acreedores, pero que supuestamente estaría controlada por el grupo promotor.
En la petición de cese de los administradores concursales, el acreedor-denunciante solicita también al juez que éstos respondan con el «reintegro de la masa activa de los inmuebles que fueron transmitidos ilegalmente y en perjuicio de todos los acreedores».
En la denuncia se detallan seis operaciones que se concretan en daciones en pago de inmuebles, venta de inmuebles y participaciones, adquisición de acciones de sociedades con pagarés impagados y transmisiones de terrenos liberados de hipotecas que se cargan a otros que se quedan en poder de Aifos. Todas ellas figuran documentadas con escrituras, con su correspondiente número de protocolo en dos notarías de la capital. Por este motivo, pide se impute a Jesús Ruiz Casado y su esposa por un delito continuado de alzamiento de bienes y otro de alzamiento bienes una vez declarado el concurso de acreedores, además de un delito de administración desleal.
Este periódico ha tratado sin éxito de recoger la versión de Aifos sobre los hechos denunciados.
El concurso de acreedores en el que está inmersa la promotora afecta a más de seis mil acreedores, de los que aproximadamente un millar son compradores de viviendas y centenares de proveedores, a los que ha propuesto pagar sólo un 45% de la deuda que tiene contraída con ellos, pero que empezarían a cobrar dentro de una década en seis pagos anuales. De momento no se ha llegado a ningún acuerdo.
El asunto se ha enredado aún más cuando la promotora solicitó al juez el pasado mes de abril que apartara a los tres administradores concursales designados judicialmente con el argumento de que estaban suponiendo «un serio obstáculo» para el desarrollo normal del procedimiento. Aifos acusaba a los administradores de ser «un impedimento» para obtener un convenio que fuera satisfactorio para los acreedores y que garantizase la viabilidad de la empresa.
Además, Jesús Ruiz Casado y varios directos del grupo están acusados en el ‘caso Malaya’ por realizar, presuntamente, pagos de casi cinco millones de euros al exasesor de urbanismo Juan Antonio Roca a cambio de favores urbanísticos. La sentencia sobre este caso se conocerá en septiembre.
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